Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

cc: 

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken

Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón

Estimados presidentes Biden y López Obrador, 

Nosotras, 87 organizaciones de la sociedad civil de México, Estados Unidos y Centroamérica comprometidas con los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes y refugiadas, les escribimos previo a la reunión bilateral que tendrá lugar en la Casa Blanca para instarles a centrar su discusión sobre la migración en los derechos humanos, la protección y la expansión de vías legales. Si bien la migración en el hemisferio plantea desafíos, Estados Unidos y México pueden y deben ser líderes en la protección de las personas migrantes y refugiadas, y hacer realidad los compromisos de respeto a los derechos dentro de los cuatro pilares de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.

La reciente tragedia de San Antonio, Texas donde 53 personas migrantes murieron en un remolque mientras intentaban entrar sin ser detectadas a Estados Unidos muestra el devastador impacto humano de las políticas migratorias centradas en limitar el acceso al territorio, ya que las personas se ven obligadas a contratar a traficantes y a tomar rutas que ponen en riesgo su vida. Este terrible balance no es el único: 55 personas migrantesmurieron en Chiapas en diciembre de 2021 al chocar y volcarse el camión en el que viajaban hacinados. De acuerdo con diversos informes, las muertes, desapariciones y lesiones de las personas en la frontera entre México y Estados Unidos este año han alcanzado un máximo histórico, y las muertes en el mar también van en aumento. Instamos a las autoridades a proteger a las víctimas del horrible incidente de San Antonio.

Perseguir políticas que garanticen el acceso a la seguridad en lugar de centrarse en prácticas disuasorias y coercitivas perjudiciales.

Ante estas tragedias, nuestras organizaciones siguen profundamente preocupadas por el hecho de que, a pesar de los compromisos declarados por sus administraciones, incluidos los asumidos en la reciente Declaración de Los Ángeles de promover vías regulares para la migración, el acceso a la protección internacional y la gestión humana de la migración; Estados Unidos y México continúen con políticas y prácticas inefectivas e ilegales basadas en la disuasión que ignoran y subvierten el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos y ponen en peligro a la población migrante y solicitante de asilo. En particular:

• Organizaciones de la sociedad civil han documentado al menos 10 mil 318 eventos violentos en México de secuestros y otros ataques brutales contra personas detenidas o expulsadas bajo Título 42 desde el inicio de la administración Biden.
• En los últimos meses, Estados Unidos ha enviado varios centenares de vuelos de expulsión para enviar a decenas de miles de personas a Brasil, Colombia, Centroamérica y Haití sin darles la oportunidad de buscar protección, violando el derecho nacional e internacional. Unas 4 mil personas haitianas fueron expulsadas o deportadas en 36 vuelos solo en el mes de mayo.
• Múltiples organizaciones han documentado cómo las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan al sur de México se enfrentan a una serie de acciones y omisiones gubernamentales que dejan a las personas luchando por sobrevivir y vulnerables a los abusos y al trato arbitrario mientras atraviesan por múltiples procesos jurídicos atrasados.
• Desde 2020, las organizaciones han documentado incidentes muy preocupantes de agresiones de la Guardia Nacional de México y el Instituto Nacional de Migración (INM) que golpean a la población migrante afrodescendiente, separan a las familias y utilizan una fuerza excesiva contra las personas migrantes a lo largo de la frontera sur mexicana. Las organizaciones han registrado más de 270 denuncias de abusos contra las y los migrantes por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, la negación de atención médica y la separación de familias. Las mujeres que buscan protección también se enfrentan a riesgos especialmente elevados debido a las políticas migratorias de Estados Unidos y México.
• Hasta la fecha, no hay un entendimiento completo de las violaciones que enfrentan los pueblos indígenas en la migración debido a la falta de datos desagregados, documentación y clasificación errónea de la población indígena como hispana o latina. Destacamos el caso de Juanita Alonzo Santizo, mujer indígena Maya Chujque fue detenida arbitrariamente en México más de siete años. Su caso finalmente llegó a la atención nacional e internacional gracias a la incidencia liderada por mujeres mayas. “El caso de Juana es emblemático, ya que destaca la discriminación y el racismo que enfrentan los migrantes indígenas, incluida la exclusión de los idiomas indígenas, e ilustra las realidades particulares de las mujeres indígenas”.
• Las nuevas restricciones de visado en México para población venezolana, brasileña y ecuatoriana les obligan a emprender rutas más peligrosas y más largas a pie, a menudo a través de la Tapón del Darién, donde las y los migrantes están expuestos a violaciones de sus derechos, incluidos los índices elevados de violenciasexual.

Estas políticas centradas en frenar la migración alimentan la violencia y los ataques contra las personas migrantes, aumentan las crisis humanitarias en nuestras fronteras y permiten a los contrabandistas y traficantes aprovecharse de esta población. Los esfuerzos de los gobiernos para reducir la llegada de las personas migrantes han hecho poco para prevenir o mitigar los peligros de los modelos de tráfico de personas y los beneficios que se obtienen con el tráfico y la trata. Todo esto demuestra la necesidad urgente de un cambio de rumbo. Instamos a ambos gobiernos a que adopten medidas concretas e inmediatas para cumplir el compromiso de la Declaración de Los Ángeles de reforzar el marco de protección internacional y promover vías regulares.

Restablecer el acceso al asilo y la protección en la frontera de Estados Unidos

En Estados Unidos acogimos con satisfacción la reciente sentencia de la Suprema Cote que establece que la administración Biden tiene autoridad legal para poner fin al Protocolo “Quédate en México” o Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Ahora instamos al gobierno de Estados Unidos a iniciar el proceso de suspensión de esta política en colaboración con el gobierno mexicano, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. También es crucial que la administración Biden tome todas las medidas posibles para evitar que continúen las expulsiones del Título 42, incluyendo la utilización de las excepciones y el cumplimiento significativo de una reciente orden judicial, asegurando que ninguna persona solicitante de asilo sea devuelta a un país donde sería perseguida o torturada. Restablecer plenamente el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México conlleva asumir prácticas seguras de acogida que garanticen a las personas el derecho a presentar sus solicitudes, a preservar la unidad familiar y a la no retención bajo custodia o detención en la frontera durante largos periodos de tiempo. Las autoridades estadounidenses deben coordinar con las organizaciones no gubernamentales y los albergues el transporte rápido de las y los solicitantes de asilo a las comunidades de destino dentro de Estados Unidos, estableciendo el acceso a los servicios, a la asesoría legal y a la gestión de casos basada en la comunidad mientras las personas siguen sus procedimientos de inmigración en territorio estadounidense.

Aumentar el acceso a la protección y la seguridad en México

Por su parte, el gobierno mexicano debe tomar medidas para abordar la inseguridad generalizada y la falta de servicios básicos para las personas migrantes y solicitantes de asilo que esperan en las ciudades y estados fronterizos mexicanos. Al mismo tiempo, ante el crecimiento de las solicitudes de asilo instamos al gobierno mexicano a que proporcione recursos adicionales a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que lleva demasiado tiempo sin personal ni recursos suficientes. Además de aumentar el acceso al asilo, el gobierno mexicano debería ampliar el uso del estatus humanitario temporal y las vías regulares poco utilizadas disponibles en la Ley de Migración, así como reforzar la capacidad de los Consulados mexicanos en Centroamérica para emitir visados. Aunque la ampliación de los visados temporales de trabajo para población centroamericana anunciada recientemente por el gobierno mexicano puede ofrecer a algunas personas migrantes una oportunidad de empleo bien recibida, este programa debe reformarse para garantizar los derechos de las y los trabajadores, incluyendo condiciones de trabajo seguras, libertad de asociación y la negociación colectiva con independencia de la situación migratoria, la dignidad, la igualdad de trato y un empleo libre de explotación, incluida la posibilidad de cambiar de empleador. Las y los trabajadores temporales deben gozar de libertad de movimiento y no se les debe impedir interactuar con las comunidades locales. Debe prestarse especial atención a garantizar el acceso de las mujeres a los programas de trabajadores migrantes. Todas las ampliaciones de los visados de trabajo deben coordinarse con las organizaciones de derechos laborales de Estados Unidos y México para evitar el fraude en la contratación y otras violaciones de derechos. Son esenciales las inspecciones laborales con inspectores que puedan mantener comunicación con las y los trabajadores en el idioma de estos últimos, para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y la protección contra las represalias.

Crear y aumentar vías alternativas y adicionales a la migración, incluso para hacer frente al impacto del cambio climático

Dado que Estados Unidos y México han reconocido la importancia de colaborar para hacer frente a la crisis climática, les instamos a crear también vías de protección y migración para las personas y familias que se ven obligadas a huir debido al creciente impacto del cambio climático y la degradación medioambiental. Las vías de protección regional, como los estatutos de protección temporal y las vías de regularización a largo plazo deben establecerse también en otros países, al tiempo que se permite a las personas migrantes y refugiadas buscar protección donde se sientan seguras. De acuerdo con el compromiso de reubicar a 20 mil personas refugiadas de las Américas, Estados Unidos debe intensificar las operaciones para aumentar el número de admisiones de población refugiada procedente de esta región, que sigue teniendo uno de los niveles de admisión más bajos de todas las regiones del mundo. Aunque aplaudimos las medidas de la administración Biden para restablecer y ampliar la elegibilidad para el programa de Menores Centroamericanos (CAM) y el Acuerdo de Transferencia de Protección (PTA) para las personas de los países del norte de Centroamérica, estos programas son extremadamente limitados en su alcance y actualmente no hay otros mecanismos para que las personas busquen protección en Estados Unidos desde su hogar o un país de tránsito en la región. Por último, el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Haitiano debe empezar a funcionar enviando invitaciones a las personas elegibles lo antes posible y la administración Biden debe volver a dotar inmediatamente de personal a la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para aplicar plenamente el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano.

La coordinación y la consulta con la sociedad civil son fundamentales para un enfoque regional de la migración

Si bien es necesario e importante abordar las causas fundamentales de los patrones de la migración en el hemisferio, debe hacerse con cuidado y en coordinación con la sociedad civil, las comunidades locales y las organizaciones internacionales, reconociendo reducir los factores del desplazamiento. Los gobiernos de Estados Unidos y México deben garantizar que la cooperación en los países del norte de Centroamérica se centre en enfoques orientados a la protección para abordar la corrupción, las violaciones de los derechos humanos, el cierre del espacio cívico, el desarrollo inclusivo y sostenible dirigido por la comunidad, los programas de prevención de la violencia y la mitigación y adaptación al cambio climático, todo ello enfocado en las comunidades afectadas para impulsar el cambio.

Les instamos a que proporcionen un verdadero liderazgo regional demostrando que el compromiso de defender los derechos humanos y de las personas migrantes se aplica a la propia conducta de los Estados en casa, así como a sus recomendaciones para otros países. Nuestras organizaciones agradecen su consideración y la oportunidad de comprometerse con sus administraciones con una visión regional integral y de colaboración que respete los derechos de las personas migrantes y refugiadas y que promueva el acceso a la protección y las vías alternativas a la migración.

Atentamente,

Al Otro Lado

Albergue Tochan-Nuestra Casa y Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero

Alianza Americas

Americasinmuros.org

Andarhani tzïtzïki p’urhe

Apoyo a Migrantes Venezolanos

ASISTA

Asociación Pop No’j (Guatemala)

Asylum Access Mexico (AAMX)

Caminamos Juntos AC

Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.

CCIAPM ABBA A.C. I

Center for Democracy in the Americas

Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Chicago Religious Leadership Network on Latin America-CRLN

Church World Service

Coalición de Derechos Humanos

Coalición de Migrantes

Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA)

Colectivo para el Desarrollo Transnacional de Michoacán (CODETMICH)

Comunidad Maya Pixan Ixim

Consejo de la crónica

Cuerpo académico Procesos Transnacionales y Migración. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Federación de Nayaritas Unidos

Federación Yucateca de California

Florence Immigrant & Refugee Rights Project

Fundación Defensoría Migrante

Fundación EPICENTRO

Fundación Gilberto Rincón Gallardo

Geopaz. Instituto de Geografía para la paz; Geopaz. Institute of Geography for Peace

Global Exchange

Grupo Asesor en Migración y Salud (GAMyS)

Haitian Bridge Alliance

Hispanic Federation

Hope Border Institute

Human Rights First

Human Rights Watch

Inside Social A.C.

Institute for Justice and Democracy in Haiti

Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

International Mayan League

International Refugee Assistance Project (IRAP)

Itzel Eguíluz

Jesús Alejandro de la Peña Rodríguez

Juchari Sïrhankua

Justice in Motion

Kaltsilaltik AC

Kids in Need of Defense (KIND)

Kino Border Initiative

La Raza Community Resource Center

Latin America Working Group (LAWG)

Martha Rojas

Maryknoll Office for Global Concerns

Migrant Center for Human Rights

Migrantologos

MomsRising

National Immigration Law Center

National Justice For Our Neighbors

Pastoral de Migración Iglesia Luterana Mexicana

Presbyterian Church (USA)

Project Lifeline

RAICES

REDODEM

Refugee Congress

Refugees International

Respond Crisis Translation

Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network

Save the Children México

Save the Children US

Servicio Jesuita a Refugiados México

Sin Fronteras

Sínodo Luterano Salvadoreño

South Texas Human Rights Center

Tahirih Justice Center

The Sidewalk School

Unitarian Universalists for Social Justice

Ustedes Somos Nosotros

Witness at the Border

Washington Office on Latin America (WOLA)

Women’s Refugee Commission

Xiomara Peraza Torres